Estos fondos buitres se dedican a la compra de viviendas para luego subir desmesuradamente los alquileres a los inquilinos a los cuales al no poder pagar los nuevos inquilinos tienen que abandonar sus viviendas que en algunos casos esos inquilinos llevan ocupando desde hace más de 30 años.
Otra de las peculiaridades de estos fondos buitres es que no dudan ni un solo momento en desahuciar a los antiguos inquilinos por no poder pagar los nuevos alquileres los cuales llegan a duplicar o triplicar las cantidades que venían pagando sus inquilinos, todos ellos preferiblemente personas de la tercera edad, o familias en situación de precariedad al estar alguno de sus miembros en paro, tampoco tienen reparos a la hora de desahuciar a una familia si entre sus miembros se encuentran niños de corta edad, ya que su único objetivo es recuperar la inversión lo antes posible, con alquileres que en muchos casos son abusivos a todas luces.
Otra forma de actuar de estos llamados fondos buitres es que si el inquilino es desahuciado y el piso queda vació, no se indemniza al antiguo inquilino y entonces estos fondos buitres venden dichos pisos a terceros para de este modo sacar pingues beneficios a la inversión realizada
El Ayuntamiento de Madrid le ha dado validez a los contratos sociales que se firmaron en su momento pese a que se preveía vender a un fondo buitre
De momento se han formalizado 220 contratos, dentro de un plan que devolverá la titularidad a 2.086 familias
El derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas", ha dicho la alcaldesa de Madrid
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado este martes una rueda de prensa junto a los miembros de la plataforma antidesahucios 'Yo no me voy'. El motivo ha sido la solución a la que han llegado tanto ayuntamiento como vecinos al dar validez a los contratos sociales originarios y evitar así el desahucio de las viviendas que iban a ser vendidas a un fondo buitre, tal y como acordó la corporación de Ana Botella (PP) en 2012.
Estos planes de venta fueron previstos por el anterior ayuntamiento. Desde la directiva anterior se instó a los vecinos a firmar unos nuevos contratos que esta vez sí contaban con fecha de finalización, a determinar por la alcaldía. Las viviendas afectadas son las que se encuentran en las calles: Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26.
La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas". "Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda, ha dicho la alcaldesa madrileña.
Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intentó desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando todo el parque de viviendas" públicas de la capital.
La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo". El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha habido "acoso, malas palabras y malos modos".
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado este martes una rueda de prensa junto a los miembros de la plataforma antidesahucios 'Yo no me voy'. El motivo ha sido la solución a la que han llegado tanto ayuntamiento como vecinos al dar validez a los contratos sociales originarios y evitar así el desahucio de las viviendas que iban a ser vendidas a un fondo buitre, tal y como acordó la corporación de Ana Botella (PP) en 2012.
Estos planes de venta fueron previstos por el anterior ayuntamiento. Desde la directiva anterior se instó a los vecinos a firmar unos nuevos contratos que esta vez sí contaban con fecha de finalización, a determinar por la alcaldía. Las viviendas afectadas son las que se encuentran en las calles: Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26.
La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas". "Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda, ha dicho la alcaldesa madrileña.
Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intentó desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando todo el parque de viviendas" públicas de la capital.
La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo". El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha habido "acoso, malas palabras y malos modos".
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha convocado este martes una rueda de prensa junto a los miembros de la plataforma antidesahucios 'Yo no me voy'. El motivo ha sido la solución a la que han llegado tanto ayuntamiento como vecinos al dar validez a los contratos sociales originarios y evitar así el desahucio de las viviendas que iban a ser vendidas a un fondo buitre, tal y como acordó la corporación de Ana Botella (PP) en 2012.
Estos planes de venta fueron previstos por el anterior ayuntamiento. Desde la directiva anterior se instó a los vecinos a firmar unos nuevos contratos que esta vez sí contaban con fecha de finalización, a determinar por la alcaldía. Las viviendas afectadas son las que se encuentran en las calles: Embajadores, 46; San Cayetano 8 y 10; Carrera de San Francisco, 16 y Madera 24 y 26.
La alcaldesa ha remarcado que de estas 220 familias, 70 estaban ya en proceso de desahucio, que ahora quedará interrumpido. Según ha destacado la regidora, la política del Ayuntamiento se basa en la idea de que el derecho a la vivienda es "un pilar fundamental en la vida de las personas". "Los ciudadanos de Madrid tendrán un panorama verdaderamente diferente y sobre todo justo" en relación con la vivienda, ha dicho la alcaldesa madrileña.
Carmena, que ha destacado que además de estas 220 familias hay más de 2.086 afectadas por el mismo decreto de 1986 y respecto de las cuales la anterior Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo intentó desalojarles, ha reiterado que "la política del Ayuntamiento es de hacer posibles alquileres sociales" y que para ello está "reorganizando todo el parque de viviendas" públicas de la capital.
La alcaldesa ha destacado también los "rendimientos muy importantes" de la Oficina de mediación Hipotecaria "paralizando muchos desahucios que se hubiesen llevado a cabo". El presidente de la Asociación, Alberto Romeral, ha explicado que el anterior gobierno de Madrid vendió cinco edificios con sus viviendas a la firma Renta Corporación y que muchos vecinos decidieron "plantar cara" en un proceso en el que ha habido "acoso, malas palabras y malos modos".
Más de 2.000 personas que se salvan del desahucio
El abogado de la Asociación Yo no me Voy, Endica Zulueta, ha dicho que se trata de contratos de alquiler de vivienda social que se renuevan cada dos años si cumplen unas determinadas condiciones económicas, cosa que los titulares han cumplido desde hace 30 años.
Sin embargo, en 2012, -según el abogado- "de la noche a la mañana, la anterior administración decidió dar por terminados los contratos con la intención de vender cinco edificios de viviendas a la sociedad Renta Corporación por 12 millones de euros".
El abogado ha destacado cómo los afectados, "que vieron cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales".
El abogado ha destacado cómo los afectados, "que vieron cómo no iban a conseguir gran cosa actuando solos, se asociaron y se enfrentaron a la administración con decenas de demandas judiciales".
"La Empresa Municipal de la Vivienda ha cambiado de política con el nuevo Ayuntamiento" y esto supone que los vecinos ahora pueden estar tranquilos en sus inmuebles", ha dicho Zulueta. Manuela Carmena ha añadido que los 2.086 contratos restantes que anteriormente tenían prevista su venta a fondos buitre ya no corren peligro y por lo tanto, estos vecinos pueden "mantener la calma, pues sus pisos no se van a vender".
Manuela Carmena ha detallado que el Ayuntamiento está "localizando" a los vecinos que ahora mismo están "desorientados" pensando que no continuarán sus contratos sociales y que sus pisos se van a vender. Les explicarán que el contrato que en muchos casos firmaron en los años 80 "es válido y no perderán sus viviendas".
BUBÜ
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