Parece increíble pero es cierto en España existen en la actualidad unas 300.000 personas viviendo en nuestras calles, cuando el parque de viviendas de protección oficial (VPO) que están vacías asciende a unas 13.500.
Suponiendo que cada una de estas viviendas fuese una vivienda de tres dormitorios dos individuales y una de matrimonio,el numero de personas que podrían dejar de estar viviendo en nuestras calles descenderían en unas 40.500 personas, ya que si tenemos encuenta que 27.000 corresponderían a parejas y las otras 13.500 a personas que no tienen pareja y que podrían ocupar habitaciones individuales el resultado seria que 40.500 personas podrían abandonar nuestras calles.
Pero es que ademas teniendo en cuenta que por una habitación individual se podrían cobrar unos 150 € por habitación y persona y por una doble o de matrimonio para parejas el precio podría subir hasta los 250 € la habitación con lo cual nos daría, que los ingresos que se podrían obtener ascenderían hasta la nada desdeñable cifra de 2.025.000€ por mes para las viviendas individuales y los ingresos por las habitaciones doble o para parejas ascenderían hasta los 3.375.000€ mensuales.
Si sumásemos ambas cantidades nuestros ayuntamientos podrían obtener unos ingresos mensuales de unos 5.400.000€ mensuales, los cuales podrían utilizarse para pagar los gastos de mantenimiento de dichas viviendas y con el resto se podrían invertir en la apertura de albergues, ya que la cifra total de los ingresos obtenidos por esos mini alquileres supondría unos ingresos totales anuales de unos 64.800.000€ anuales.
Con estas cifras me parece a mi que las administraciones podrían poner un programa de alquiler para personas sin hogar pero que perciban la renta mínima de integración (RMI) para que pudiesen hacer frente a los costes de alquiler de dichas habitaciones en vez de estar vacías y ademas generando gastos a los ayuntamientos.
La gestión de dichas viviendas podria recaer sobre instituciones como RAIS. CARITAS, o el propio SAMUR SOCIAL los cuales serian los encargados de realizar un estudio previo de los candiadatos a poder ser adjudicatarios de alguna de estas habitaciones o viviendas compartidas.
Vista de viviendas de protección oficial (VPO) actualmente desocupadas
- La imposibilidad para encontrar financiación
- La pérdida de puesto de trabajo
- La reducción de los ingresos
- La insatisfacción con la vivienda adjudicada
BUBÚ
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