La mayoría de los menores acogidos en centros de la Ciudad Autónoma de Melilla es abandonada a su suerte cuando cumplen la mayoría de edad
La Adminsitración pone trabas y exigencias para que estos chicos no consigan la residencia temporal que les corresponde por ley
La asociación Pro Derecho de la Infancia y el Defensor del Pueblo quieren visibilizar este problema en el Día Internacional de los Derechos del Niño
ualid, diabético de nacimiento, tenía sólo 12 años cuando se coló por la frontera de Melilla huyendo de las palizas de un padre alcohólico y del sufrimiento de una madre a la que le faltaban manos con que limpiar escaleras para dar de comer a tres hijos.
Mohamed cumplió los 16 durmiendo a la intemperie cerca de la playa. Entró días antes escondido entre las porteadoras del paso fronterizo de Barrio Chino. Su abuela no podía ya mantenerlos a él, a su hermano enfermo y a su madre, una mujer maltratada y abandonada por su marido, sin trabajo ni estudios.
Suliman vio morir a su madre poco antes de irse a buscar la vida a Melilla cargando cajas de pescado con su tío, tenía sólo 15 años. Una enfermedad respiratoria le producía mareos, asfixias y sangrados constantes de nariz. Cuando volvió a su casa en Farhana, Marruecos, a buscar a su padre, éste, un pobre diablo, se había marchado sin dejar rastro.
Hassan no esperó a los 14 años para dejar los estudios en su escuela de Nador e irse a Melilla, a la aventura. Una madre enferma, un padre drogadicto y sin ingresos, y cinco hermanos en una pequeña casa en ruinas, no pudieron retener sus ansias de encontrar un futuro más prometedor.
Todos ellos acabaron acogidos en los centros de menores de Melilla, tutelados por la Ciudad Autónoma, hasta que cumplieron la mayoría de edad. Entonces, incumpliendo tanto la legalidad vigente como las recomendaciones del Defensor del Pueblo, les quitaron la residencia legal en España alegando que cesaban las causas por las que se les había concedido dicha residencia: ser menor de edad.
Las organizaciones defensoras de los derechos de los menores no acompañados, encabezadas por Pro Derechos de la Infancia (PRODEIN), llevan años denunciando estas prácticas ilícitas que consiguen que un menor que lleva años residiendo aquí legalmente, que se ha formado aquí, que reconoce la española como su cultura y el castellano como su lengua, acabe durmiendo en la calle, mendigando o robando para comer y sobreviviendo como un ilegal, un desconocido, un despojo de la sociedad.
“En cuanto un niño pisa Melilla y es tutelado por la Ciudad ya es residente legal en España a todos los efectos”, comenta José Palazón, presidente de PRODEIN, que añade que “esa residencia no puede extinguirse al cumplir la mayoría de edad, debe continuar teniendo una residencia temporal por sobradas razones de arraigo social. Pero no se está cumpliendo la ley”. Motivo por el cual se está penalizando a los menores en vez de favorecerles como marca la ley.
“El mismo día que cumplen dieciocho años son expulsados del centro sin explicaciones. Se les deja en la calle sin documentación alguna y se les exige una barbaridad de requisitos, más de los que marca la ley, para solicitar la residencia. Mientras tanto, viven en la calle sin dinero, ni familia, expuestos a entrar en la droga o la delincuencia por sobrevivir”, denuncia Palazón.
Mohamed cumplió la mayoría de edad hace ya nueve meses. Cuenta cómo sin previo aviso, de un día para otro, le quitaron su carné del centro y todos sus documentos, metieron sus pocas pertenencias en una bolsa de basura negra y le dijeron que se fuera: “Les pregunté qué tenía que hacer y me mandaron a la oficina de extranjería. Sólo eso. El primer día es el peor. No sabes qué hacer ni donde ir. Te sientes extraño, solo e indefenso. Pasas del centro a la calle. Estuve tres días durmiendo en la calle y luego conseguí quedarme en un piso en ruinas con otros chicos en mi misma situación”.
Los cuatro están nerviosos. No dejan de manosear el montón de papeles que cada uno lleva en la mano, en donde portan todos sus títulos, certificados de estudios e incluso currículos europeos. Pero, el primer documento que todos tienen es uno en cuyo encabezado pone en grande “Extranjería”. Es el panfleto que les dan cuando van a la Oficia a tramitar su residencia temporal por circunstancias excepcionales. En él vienen todas las exigencias que deben cumplir para que se comience a tramitar su petición, a saber: solicitud original y dos fotocopias; pasaporte marroquí; cuatro fotografías en color con fondo blanco; certificado marroquí de antecedentes penales con traducción jurada efectuada en Melilla; fe de soltería expedido por el Ministerio de Justicia de Marruecos; contrato o precontrato de trabajo; y certificado de tutela.
Unos requisitos que no pueden realizar porque no tienen dinero para pagar fotocopias, fotografías ni traductores jurados. Además, les obligan a ir a Marruecos -país que ya no sienten como propio y del que no conocen la lengua ni la ubicación de los sitios en la mayoría de los casos- para conseguir muchas de estas exigencias -teniendo incluso que desplazarse hasta Rabat en el caso de la acreditación del estado civil-, para luego volver a entrar a Melilla, si es que les dejan en la frontera.
Hasta que consiguen dinero y contactos para intentar tener acceso a la documentación marroquí, el único papel que pueden pedir es el certificado de tutela: “Si tú o yo lo pedimos nos lo dan al instante, pero si lo pide un menor indocumentado tardan el máximo que permite la ley, que son tres meses”, comenta Palazón.
Entre tanto, muchos intentan colarse como polizones en los barcos que salen diariamente hacia la Península o acaban desesperados, perdiendo la cabeza y enganchados al pegamento o al alcohol. Algunos como Suliman trabajan ilegalmente como porteadores en la frontera, cargando bultos de 50 kilos de ropa vieja. Y los menos, como Mohamed, se aferran a la oración: “Yo he sido un buen chico, religioso. Todos han hablado siempre bien de mí, dentro y fuera del centro de menores. Han hecho muchos informes favorables sobre mí. He realizado cinco cursos de viveros y jardinería y en cambio ahora soy un ilegal”.
Hassan, después de un año y medio de sufrimiento, ha logrado reunir todos los papeles que le exigen excepto el contrato de trabajo: “Trabajé como camarero dos meses, pero sin contrato. Lo pedí y me echaron. Nadie te contrata si eres ilegal, pero para ser legal necesitas un contrato, no tiene sentido”.
Las ONG denuncian que algunos empresarios les piden a los chavales entre 500 y 3.000 euros por hacerles un precontrato para conseguir obtener la residencia. Oualid cuenta cómo un hombre intentó abusar de él a cambio de un trabajo: “Me dijo que él podía hacerme un precontrato pero era mentira. Al subir con él al coche para ir a la empresa me tocó. Me miraba de forma sucia y me dijo cosas horribles. Yo le obligué a parar el coche y me bajé corriendo”.
“No somos nada”, dicen, “sólo indocumentados con derecho a dormir en el río o en las rocas del puerto”. Se acerca el invierno y algunos ya han sobrevivido a uno sumidos en la indigencia. El sueño de Mohamed es conseguir la residencia para poder encontrar un trabajo y formar una familia “con mujer e hijos. Una familia de verdad. Como la que yo hubiera querido tener de chico”.
Oualid insiste en que él es Español y que la residencia no sólo es un derecho que le corresponde, si no que le es imprescindible para sentirse plenamente español y poder estudiar y trabajar.
Suliman se echa a llorar. Se siente solo. Ya no puede más: “Estoy enfermo. Me cuesta respirar. Allí (en Marruecos) no hay nada. Yo no tengo nada. Siento que nos vacilan sólo porque eramos menores y ahora somos escoria”.
“Quiero hacerme un futuro en Melilla por que en Marruecos no hay futuro. Allí un niño está en la calle, tirando piedras o vendiendo cigarrillos. Aquí, en España, con crisis y todo, se está mejor que allí. Hay esperanzas y se puede luchar por vivir y por reivindicar lo que te corresponde por ley”, explica Hassan mirando al suelo, cabizbajo y pensativo.
El Defensor del Pueblo recuerda a la Consejería de Bienestar Social su responsabilidad como tutor de estos menores y, pide a la Fiscalía General del Estado que intervenga, en relación a la extinción de sus autorizaciones de residencia al cumplir la mayoría de edad, después de que las sugerencias de esta institución a la Delegación del Gobierno en Melilla hayan sido desoídas.
“Son niños por el amor de Dios. Muchos, en ese periodo de ilegalidad que puede durar años, han muerto, otros están en al cárcel, otros han pasado escondidos al continente europeo, otros están echados a la droga o a la delincuencia. Vamos a cumplir las normas y a darles lo que marca la ley”, concluye Palazón.
BUBÚ
