Ana gana 900 euros y tiene tres hijos: un fondo buitre quiere desahuciarla de su piso protegido

Una familia se enfrenta a una orden del desalojo en los próximos días, sin ninguna alternativa por parte del Ayuntamiento de Madrid o de la empresa privada que ahora es dueña de sus pisos El consistorio vendió unas 2.000 viviendas protegidas al fondo de inversión Magic Real Estate Blackstone, que se niega a renegociar el alquiler de 600 euros que Ana no puede pagar Poco después de la venta, Ana Botella creó un fondo 'solidario' de 400 viviendas que no se han ofrecido a esta afectada

de inversión Magic Real Estate Blackstone (a través de la empresa Fidere). En total, 1.860 pisos que pasaron a manos privadas sin que sus inquilinos conocieran la transacción. Y este jueves Ana ha acudido a la EMVS con una orden de desahucio para el 12 de enero, firmada por los nuevos propietarios. En la escalinata, José Antonio también espera: él tiene la orden para este viernes. Ana y José Antonio no están solos. A las puertas de la empresa pública se agolpan un grupo de personas que gritan, con rabia. "¡No tenéis vergüenza. Nos teníais que haber avisado!", repiten en la entrada, aislada por un cordón policial. Una mujer se lamenta con su compañera: "Terminamos 2014 con desahucios y empezamos el año igual".

A finales de 2013 saltó la noticia de que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid habían vendido primero 1.860 y después otras 3.000 viviendas protegidas a fondos de inversión. La operación, gestada a espaldas de las personas que habitaban los inmuebles, fue vendida como una transacción necesaria para aliviar las arcas públicas. Los gobiernos aseguraron entonces que los usuarios ni notarían el cambio: la única diferencia sería el destinatario de sus cuotas mensuales. Los inquilinos pronto se dieron cuenta de que no era cierto.

Los alquileres sociales tenían fecha de caducidad –las de sus contratos con las entidades públicas– y, ante un cambio en sus circunstancias o la imposibilidad de afrontar las cuotas, la respuesta de los nuevos propietarios es clara: "Ellos no ofrecen vivienda protegida". Es lo que respondieron en Fidere a Ana Vargas, según cuenta, cuando supo que la protección de su casa tenía los días contados. Tras la separación de su pareja, Ana tenía que ocuparse de sus tres hijos y hacer frente al alquiler (de unos 600 euros) con los 900 que gana como limpiadora. "No me llega", resume. Acudió a la EMVS para renegociar el alquiler, para intentar ajustarlo a sus nuevas circunstancias, y cuando llevó los papeles que la trabajadora social le había pedido ésta le anunció que "ya no había nada que hacer, que habían vendido mi casa a una empresa privada", cuenta. José Antonio, con un hijo de 12 años a su cargo, también recibió una respuesta similar. "No tengo ningún sitio al que ir", afirma. Trabajó 26 años como jardinero, pero desde que en 2011 perdiese un empleo como repartidor de publicidad no ha vuelto a trabajar. Este viernes intentará frenar su desahucio con el apoyo de los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otras asociaciones vecinales. "No tengo muchas esperanzas", admite. Fidere no ha respondido a este medio sobre los casVpDnkum6y8I/AAAAAAAAAX4/t5EbJZgodpk/s400/descarga.jpg" />